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Diputadas RN de la Comisión de RR.EE. vuelven a cuestionar continuidad del Embajador de Chile en España

Las diputadas de RN integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Sofía Cid, Catalina del Real y Ximena Ossandón, esperan que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre el contrato a honorarios por parte de la pareja del Embajador de Chile en España, Manola Pérez, quien residiría en ese país.

Para entender la situación vale la pena hacer un racconto de los hechos. Manola Pérez fue conocida públicamente en septiembre pasado luego que junto a su pareja, el actual embajador de Chile en España, aparecieran en una fotografía donde Javier Velasco -quien además fue llamado al orden por la Cancillería- le acariciaba los pies a mientras se trasladaban supuestamente en un vehículo oficial por las calles de la nación europea.

Ahora, gracias al portal de Transparencia, se conoció que Manola Pérez figura desde octubre con una remuneración bruta de $600 mil en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Aparece en calidad de honorarios por la función de “apoyo en la coordinación y seguimiento asociados al Fondo de Fomento del Libro y la Lectura”.

En el oficio enviado por las diputadas de RN, destacan que la Dirección del Trabajo ha señalado que “los trabajadores a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo que cualquier beneficio al que tengan derecho dependerá del acuerdo al que haya llegado con quien hicieron el contrato”.

Sumado a esto, se deja constancia que Manola Pérez tiene registrados sus datos electorales en la ciudad de Madrid, España. Por este motivo, señala, se hace necesario saber cómo se suscribió el contrato y si la lejanía es compatible con la naturaleza de las funciones que Pérez realiza en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Así lo explica también la diputada y subjefa de bancada, Sofía Cid: “Hemos enviado a Contraloría una consulta para saber los detalles de la contratación de Manola Pérez”. Añadiendo que se encontraría viviendo en España y que “ella es la pareja del actual Embajador de Chile en España”, y destacando que “el Presidente Boric incumple su promesa de campaña, contratando a amigos y entregando cuoteos políticos”.

La diputada Ximena Ossandón agregó que “acá no se pone en duda la idoneidad profesional de nadie, sino más bien la regularidad de un procedimiento administrativo que termina en la contratación a honorarios de alguien que, entendemos, tiene residencia a miles de kilómetros de Chile”.

Mientras que la diputada Catalina del Real agregó que “la contratación a honorarios de la pareja del embajador en España-Manola Fernanda Pérez-, por parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, es una nueva prueba del uso de las mismas prácticas de la ‘vieja política’, como denominaron y criticaron los actuales personeros de gobierno”.

“La firma del contrato y las labores que desempeña desde el mes de octubre -por haber fijado su residencia en España-, resultan cuestionables y deben ser aclaradas a la brevedad por la Contraloria General de la República”.

Lo cierto es que la Embajada de Chile en España ha sido un cúmulo de hechos cuestionables. A conocer: primero fue el caso de Germán Berger Hertz, hijo de la diputada Carmen Hertz, quien se instaló en Barcelona -una oficina consular- como agregado cultural. Luego el embajador Javier Velasco criticó los 30 años de gobiernos de la Concertación y derecha, apareció en una foto comiendo langosta, y en otra acariciando los pies de su pareja Manola Pérez. Ahora Pérez aparece con un contrato a honorarios que parece incompatible con su residencia en Madrid.

Una vez más ha quedado en evidencia que la promesa de campaña de “poner fin al cuoteo y al amiguismo” que propagó por los siete vientos el Presidente Gabriel Boric, no fue más que eso: “una promesa de campaña”.

En el escrito a la Contraloría se solicita que se fiscalice si la naturaleza de las funciones son compatibles con la residencia en el extranjero, la regularidad formal del proceso de contratación y si dicho contrato fue remitido para su registro en la entidad contralora.

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