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A 20 años de su primera edición: Informe Anual Sobre Derechos Humanos UDP analiza las nuevas y diversas formas de violencia que desafían al Estado de Chile

La versión 2022 del documento incluye capítulos sobre la situación en los territorios mapuche, la crisis migratoria y las causas judiciales asociadas al estallido social a tres años de su irrupción. También detecta carencias en seguridad social y salud mental, así como avances en educación y participación política, a medida que se establecen bases para un nuevo proceso constituyente.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dio a conocer su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2022, un documento que en sus 20 ediciones ha evaluado diferentes áreas de la sociedad chilena bajo los estándares internacionales en la materia.

“Muchos de los avances que hemos detectado en 20 años elaborando este informe están hoy en riesgo y debemos esforzarnos para mantenerlos” comenta Judith Schönsteiner, doctora en derecho y editora general del Informe 2022. “Es necesario abordar las problemáticas actuales con un enfoque de derechos humanos, para poder profundizar su protección y garantía. Tenemos desafíos muy relevantes en derechos sociales; la no discriminación en el acceso a derechos como pensiones, salud o educación y ciertamente en seguridad ciudadana, en un contexto de distintas violencias que se han vuelto más complejas”.

Esta complejización de la violencia está analizada en capítulos del Informe como el titulado “Diferentes formas de violencia, uso de la fuerza y derechos en territorios mapuche. En él, el académico de Derecho UDP Cristóbal Carmona analiza la radicalización y ampliación de las acciones disruptivas atribuidas a/o reivindicadas por organizaciones mapuche; así como el incremento de la delincuencia en esas zonas. El análisis apunta a la obligación del Estado de Chile de proteger los derechos humanos, tomando medidas que resguarden el orden y la seguridad y, a la vez, respeten los estándares internacionales, en particular el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y en las acciones adoptadas.

El Informe aborda también las consecuencias de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019 en Chile. El capítulo “Mirando sobre la Muralla China: la respuesta del sistema de justicia en la persecución penal de casos del estallido social” reporta que, de más de 8.500 denuncias contra agentes del Estado, apenas 75 se han formalizado. “Desde 2020, hemos constatado que las causas han sido tremendamente demoradas por distintos factores, y sancionar a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos ha sido casi imposible” señala la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, quien es autora de dicho capítulo junto a los académicos de Derecho UDP Eduardo Alcaino y Danitza Pérez. El texto apunta al riesgo de impunidad, así como a la necesidad de perseguir las responsabilidades del alto mando de las Fuerzas de Orden Público. Adicionalmente, en el capítulo “¿Reparación integral para las víctimas del estallido social? Análisis de las medidas gubernamentales a dos años de octubre de 2019”, la abogada e investigadora UDP Marcela Zúñiga analiza las medidas de reparación adoptadas por el Estado para víctimas de trauma ocular, y señala que estas aún no cumplen con los requerimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, el Informe analiza la explosión migratoria en las regiones del norte de Chile, en un contexto de cambio de gobierno y nueva Ley de Migraciones. A la desprotección que aún sufren quienes ingresan al país por pasos no habilitados, se suman problemáticas crecientes de delincuencia en las tres regiones del Norte de Chile, del acceso a la educación (con matrículas colapsadas en esas zonas) y de vivienda, que exacerban riesgos como el trabajo infantil o incluso la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

La infancia también es protagonista en el capítulo “Salud mental de niños, niñas y adolescentes: avances y brechas pendientes en su derecho al bienestar”, donde la académica UDP Ester Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (Cideni), y el profesor de Derecho UNAB Francisco Estrada, detectan avances en la entrega de prestaciones, a la vez que una persistente falta de financiamiento. Estas brechas afectan especialmente a las y los niños y adolescentes más vulnerables, quienes se encuentran “en el peor de los mundos” desde una mirada intersectorial y holística en materia de salud mental.

Derechos sociales, Constitución y Smart Cities

El Informe 2022 también evalúa las garantías de derechos humanos como la seguridad social, educación, trabajo y el medioambiente libre de contaminación. Así, en el capítulo “El sistema de pensiones en Chile, 42 años de ajustes y reformas”, los investigadores Javiera Arteaga e Ignacio Fuentes establecen una base de estándares internacionales desde la cual analizan el sistema previsional, recomendando medidas tanto en el mercado laboral como en el sistema de pensiones, así como establecer accountability de las AFP hacia las y los afiliados. En tanto, en el capítulo laboral, los abogados y académicos UDP César Toledo y Javiera Aravena visibilizan la inaplicación por parte de la Dirección del Trabajo de normas que inciden en la subcontratación laboral y el fuero sindical.

Por su parte, la académica de Educación UDP y abogada Elisa Franco estudia la implementación del Sistema de Admisión Escolar, que logró disminuir considerablemente las brechas en accesibilidad y no discriminación. Sin embargo, el capítulo también apunta a la existencia de estudiantes sin asignación, particularmente en edad prescolar, y la necesidad de reformular el concepto de familia para respetar la diversidad.

El Informe también analiza el deber del Estado de Chile de proteger los derechos humanos ante los desafíos que genera el calentamiento global. Las investigadoras Pilar Moraga y Roxana Núñez señalan que, si bien la Ley Marco de Cambio Climático cumple con los estándares internacionales en la materia, aún enfrenta importantes desafíos de implementación.

El derecho a la participación política es examinado en un capítulo especial dedicado al Proceso Constituyente, donde el académico de Derecho UDP y UNAB Tomás Vial junto a la abogada Catalina Vargas, analizan los mecanismos que se establecieron en la Convención Constitucional. Tras el triunfo del Rechazo y el inicio de un nuevo proceso, el Informe entrega recomendaciones que apuntan a simplificar las vías de participación, proveer recursos y capacidades técnicas con antelación y establecer mecanismos especiales y específicos para grupos históricamente discriminados, entre otras. El informe también evalúa la labor de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura o la Defensoría de la Niñez.

Finalmente, contiene una inédita evaluación de proyectos de innovación de Smart Cities en la Región Metropolitana y en la ciudad de Valdivia, recomendando actualizar el marco normativo en términos de protección de datos, por ejemplo, y coordinar su uso de manera amplia entre el Estado y privados.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2022 se presenta este lunes 14 de noviembre en la Facultad de Derecho UDP y estará disponible en su totalidad en el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP (https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/).

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